Se produjo una dura derrota de Milei en la Cámara Baja con la media sanción para una nueva fórmula de movilidad jubilatoria. El acuerdo entre Unión por la Patria, la UCR y Hacemos Coalición Federal juntó 160 votos contra apenas 72 del oficialismo. La iniciativa, votada por amplia mayoría, establece una recuperación inicial de las jubilaciones del 8%. Además, sostiene que a futuro la actualización no quede atada solo a la inflación, sino que también contemple los salarios, lo que permitiría su recuperación.
La negociación no fue fácil, pero primó entre los diputados de diferentes bloques opositores la posibilidad de llegar a un acuerdo para finalmente darle media sanción a una fórmula de movilidad jubilatoria que repare parcialmente el feroz ajuste que impuso el gobierno del ultraderecha de Javier Milei a jubilados y pensionados y que permitiría en el futuro ir recuperando poder adquisitivo, algo descartado en la fórmula que fijó el Gobierno por decreto.
La media sanción establece que en la recuperación inicial de las jubilaciones se pague el 8 por ciento, la diferencia entre el 20,6 de la inflación de enero y que el gobierno solo aplicó a la movilidad jubilatoria un 12,5. Así como que el haber mínimo no debe ser menor al valor de una canasta básica de adulto mayor (actualmente de 250.286 pesos mensuales), más 1.09 (un 9 por ciento).
Además sostiene que la fórmula de movilidad no quede atada solo a la inflación, sino que también contemple los salarios; es decir que en el caso hipotético de que la inflación bajara y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) superara a la misma, las jubilaciones también percibirían el 50 por ciento de esa diferencia a través de un ajuste semestral.
Y que en el caso de las deudas con las Cajas Provinciales no transferidas al Estado Nacional y los juicios con sentencia firme sean solventadas con la asignación específica que destinan a la ANSES algunos impuestos nacionales, como el del cheque, PAÍS e IVA.
En medio de un panorama incierto que en principio parecía sin salida, se alcanzó el consenso. La fórmula del acuerdo requería de varios pasos en medio de negociaciones sigilosas para que no trasciendan y enciendan las alarmas en el oficialismo y sus aliados para bloquearlo.
Una muestra fue la decisión del presidente de la Cámara baja, el riojano libertario Martín Menem, que no convocó (como lo obliga el reglamento) a la reunión de Labor Parlamentaria para ordenar la sesión. Algo que los presidentes de los bloques políticos realizaron de manera informal antes de bajar al recinto.
El primero, que UP retiraría su propio dictamen de mayoría para pasar a tratar el de la oposición dialoguista, que encabeza la UCR y el respaldo de HCF, CC y partidos provinciales. La condición que puso UP fue que no se tocara – como proponía el proyecto de los dialoguistas – el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para pagar las deudas a las Cajas Provinciales y los juicios a los jubilados que tengan sentencias firmes.
Con lo que el dictamen acordado que se votará alcance un costo fiscal de apenas 0,43 por ciento del PBI, para quitarle argumentos al Gobierno libertario sobre el alcance de la medida frente a la amenaza de Milei de votarla si entorpecía su política de ajuste sobre el déficit fiscal.
Página 12
La negociación no fue fácil, pero primó entre los diputados de diferentes bloques opositores la posibilidad de llegar a un acuerdo para finalmente darle media sanción a una fórmula de movilidad jubilatoria que repare parcialmente el feroz ajuste que impuso el gobierno del ultraderecha de Javier Milei a jubilados y pensionados y que permitiría en el futuro ir recuperando poder adquisitivo, algo descartado en la fórmula que fijó el Gobierno por decreto.
La media sanción establece que en la recuperación inicial de las jubilaciones se pague el 8 por ciento, la diferencia entre el 20,6 de la inflación de enero y que el gobierno solo aplicó a la movilidad jubilatoria un 12,5. Así como que el haber mínimo no debe ser menor al valor de una canasta básica de adulto mayor (actualmente de 250.286 pesos mensuales), más 1.09 (un 9 por ciento).
Además sostiene que la fórmula de movilidad no quede atada solo a la inflación, sino que también contemple los salarios; es decir que en el caso hipotético de que la inflación bajara y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) superara a la misma, las jubilaciones también percibirían el 50 por ciento de esa diferencia a través de un ajuste semestral.
Y que en el caso de las deudas con las Cajas Provinciales no transferidas al Estado Nacional y los juicios con sentencia firme sean solventadas con la asignación específica que destinan a la ANSES algunos impuestos nacionales, como el del cheque, PAÍS e IVA.
En medio de un panorama incierto que en principio parecía sin salida, se alcanzó el consenso. La fórmula del acuerdo requería de varios pasos en medio de negociaciones sigilosas para que no trasciendan y enciendan las alarmas en el oficialismo y sus aliados para bloquearlo.
Una muestra fue la decisión del presidente de la Cámara baja, el riojano libertario Martín Menem, que no convocó (como lo obliga el reglamento) a la reunión de Labor Parlamentaria para ordenar la sesión. Algo que los presidentes de los bloques políticos realizaron de manera informal antes de bajar al recinto.
El primero, que UP retiraría su propio dictamen de mayoría para pasar a tratar el de la oposición dialoguista, que encabeza la UCR y el respaldo de HCF, CC y partidos provinciales. La condición que puso UP fue que no se tocara – como proponía el proyecto de los dialoguistas – el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para pagar las deudas a las Cajas Provinciales y los juicios a los jubilados que tengan sentencias firmes.
Con lo que el dictamen acordado que se votará alcance un costo fiscal de apenas 0,43 por ciento del PBI, para quitarle argumentos al Gobierno libertario sobre el alcance de la medida frente a la amenaza de Milei de votarla si entorpecía su política de ajuste sobre el déficit fiscal.
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